(untitled) (Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, 2025)
Mediante un procedimiento legislativo excepcional, Uruguay incorporó en el año 2020 un conjunto de reformas al derecho penal adolescente con un profundo contenido punitivo y claramente regresivas respecto a las obligaciones normativas internacionales que el país asumió en la década de los noventa. El recurso de incrementar la persecución penal de los adolescentes, como forma de enfrentar lo que se presenta como una elevada participación en la creciente criminalidad, no cuenta con evidencia empírica que la valide ni opiniones de expertos que la justifiquen. Por el contrario, los datos disponibles muestran un descenso de las infracciones y baja participación en los delitos con mayor violencia en los últimos años; así como un sistema de justicia que promueve las mayores tasas de privación de libertad adolescente a nivel continental. Al mismo tiempo, los diagnósticos exponen un marco de profundas desigualdades que afecta a niños y adolescentes, y en especial a la población adolescente privada de libertad. No obstante esta realidad, el sistema político ha elaborado amplios consensos y ganado creciente legitimidad en la opinión pública promoviendo soluciones al problema de la seguridad pública que inevitablemente pasan por una combinación de legislación más severa, gestión burocrática eficiente y ejercicio pragmático de la autoridad por parte de las agencias de control.